El gobierno está en la obligación de ofrecer un informe sobre los hechos violentos en Salcedo, en los que perdieron la vida cinco ciudadanos dominicanos, acribillados a balazos por agentes de la Policía y el Ejército Nacional, apostados por las autoridades para detener las protestas que allí se realizaban.
Una comisión de los grupos populares de Salcedo, incluyendo familiares de las víctimas, ha llegado al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República en busca de que se haga justicia. Tienen toda la razón.
El gobierno designó una comisión para investigar la violencia ocurrida en la provincia Hermanas Mirabal. Esa comisión no ha ofrecido un informe, pese a que el tiempo transcurrido es más que razonable para haberlo hecho.
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